MARÍA SOLEDAD
LA “SOLEDAD”, DE LOS QUE CLAMAN JUSTICIA
Por Verónica Cardozo
y Daniel Héctor


Mirada Retrospectiva


Historia y desarrollo de las comunidades

(*) Investigador histórico.

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María Soledad Morales jamás pudo imaginar ser el principio del fin: inmolada en el florecer de la vida, fue la causa del derrumbe de una dinastía cruel y corrupta.
Descansa María Soledad, la sociedad está en deuda con todas las primaveras que no pudiste disfrutar. Y nosotros, debemos seguir bregando para que no ocurra ‘nunca más´.

El 11 de Septiembre de 1990 muchos jovencitos ya imaginaban el imperdible día de la primavera que se avecinaba, con grandes expectativas, tratando de organizar lo que sería el mejor día, mientras que una noticia llegada desde una provincia cercana nos hacía sobresaltar: Matan a una joven en Catamarca, rezaban los titulares de los diarios.

A siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38, una adolescente de 17 años y candidata a reina de su colegio yacía sin vida en un descampado, con el cuerpo semienterrado, golpeado y casi desnudo.

omenzaría la odisea de una familia y un pueblo cansado de la corrupción y los ocultamientos de los funcionarios de gobierno.

María Soledad Morales estudiaba en una escuela del departamento Valle Viejo, donde había nacido y era alumna de 5º año en el Colegio del Carmen y San José. La noche del sábado 8 de septiembre había ido a una fiesta en la discoteca Clivus y en la madrugada partió junto a Tula, un joven que, según relatos de compañeros, era su novio.

El lunes 10 a las 9:30 de la mañana unos obreros encontraron el cadáver.

El jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra, confirmó la identidad de la víctima y la pericia médica determinó que la muerte ”ocurrió por una feroz golpiza que recibió y un paro cardíaco posterior”. Había sido salvajemente violada y, se supo más tarde, muerta por una dosis letal de cocaína, le habían arrancado el cuero cabelludo, quemado con cigarrillos, cortado las orejas, vaciado un ojo, roto la quijada a golpes, desfigurado la cara y aplastado el cráneo. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas.

El comisario Ferreyra adelantó que el crimen sería esclarecido en las próximas horas, mientras lanzaba a los padres una exhortación moralista: ”Les pido que tengan un mayor control sobre sus hijos. Deben saber quiénes son sus amigos y compañeros. Conocer los lugares a los que concurren y no dejarlos a la deriva. Es fundamental para su seguridad”.

Pasaron las semanas y la investigación se hacía confusa, sin pistas, a pesar de la asistencia de la Brigada de Investigaciones de Catamarca y peritos de la Policía Federal.

Comenzaban los primeros rumores en el pueblo, que algunos implicados en el crimen serían parientes de funcionarios, pronta y sabiamente bautizados como “los hijos del poder”. Los medios de comunicación difundían que en el crimen estaban involucrados los jóvenes Guillermo Luque, Pablo y Diego Jalil y Miguel Ángel Ferreyra, hijo del jefe de Policía provincial, el comisario se encargaba de desmentir estos dichos con mucha garra. El mismo que al hallar el cadáver, había ordenado que lo laven, borrando huellas y señales irrecuperables.

El obispo de Catamarca, monseñor Elmer O. Miani, trató de echar un manto de culpa generalizado y de paso quedar bien “con Dios y el Demonio”, sosteniendo ”este es un problema de la sociedad, no es la responsabilidad de un estamento de ella, estamos en un momento en que debemos pensar, siendo muy prudentes cuando echemos la culpa”.

Diez días después del asesinato de María Soledad, el jefe ya había intentado convencer a la hermana Martha Pelloni, de la conveniencia de persuadir a sus alumnas del impulso de entregarse a convocatorias, reclamos y marchas. ”Parece que desconfiaran de la Justicia y de las autoridades”, dicen que afirmó, sin ruborizarse. ”No me parece prudente (insistió); se presta para los incitadores del caos.”
Quince días después, el gobernador Ramón Saadi le gritaba a ese mismo jefe de Policía: ”No soporto una marcha más”. Veinte días después, el jefe anunciaba su ”renuncia irrevocable”. Más tarde fue acusado de encubrimiento y absuelto en 1991 “por error”.

En el mes de diciembre, el entonces ministro del Interior, Julio Mera Figueroa afirmó que la monja Pelloni ”no está en sus cabales” y la acusó de ”subversiva”, los sordos ruidos de las marchas del silencio habían llegado a la “Rosada”.

El poder del silencio

Como en Fuenteovejuna de Lope de Vega, el drama donde el pueblo se enfrenta con el poder despótico y feudal, no hay ningún héroe individual encabezando el reclamo, sino toda la comunidad como protagonista, y con un dato curioso en ambos casos: las mujeres son las iniciadoras de la resistencia.

La población catamarqueña, a pesar de no tener pruebas, sospechó desde un principio en la falta de voluntad por parte del poder político de aclarar el crimen de la adolescente.

Por ello, cuatro días después del 11 de septiembre, los vecinos catamarqueños se autoconvocaron para realizar lo que se llamarían “marchas del silencio”, marcando así un hecho sin precedentes en la historia de esa ciudad y de la Argentina toda.

Sin connotaciones políticas, alumnos con sus padres, docentes y el pueblo en general comenzaron a recorrer las calles en silencio, elevando una plegaria al pasar por la Catedral, la Basílica de Nuestra Señora del Valle. Dos mil personas pidiendo Justicia.
El 28 de setiembre de 1990 siete mil personas se congregaron en las calles, con una figura relevante: la hermana Martha Pelloni, rectora del Colegio del Carmen y San José adonde asistía Maria Soledad, y una de las más fervientes luchadoras para que se esclarezca el aberrante asesinato (luego trasladada a la Provincia de Corrientes).
Junto a la madre Ada Morales, su padre Elías Morales, sus amigas del alma y, semana tras semana más y más miembros de la comunidad, algunas marchas llegaron a reunir más de 25.000 personas en una ciudad de 80.000 y una provincia de 200.000 habitantes.

La dinastía Saadica

El clan de los Saadi gobernaba la provincia desde los años ‘50. En el año 1983 Ramón Saadi (PJ) fue electo gobernador y en 1987 Vicente L. Saadi, su padre, lo siguió en el “trono” hasta el 10 de Julio de 1988 en que fallece y se convoca a elecciones (un trámite), el 2 de octubre asume correspondientemente… Ramón Saadi.

Cuando María Soledad fue asesinada, hacía más de dos años que don Vicente Leonidas Saadi estaba muerto. En los últimos tiempos recorría el Senado casi en andas, sostenido por su guardaespaldas, amenazando con enterrar a quien lo contradijera. Murió dos días después que Carlos Menem triunfase en las internas del justicialismo. Pero dejó herederos de sangre o que mediante matrimonios, ocupaban entre la provincia y la Nación no menos de 17 puestos de poder.

Con Ramón gobernador de Catamarca, Vicente hijo, intendente, su hija Alicia en la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que aprueba la designación de jueces, nombramientos de Relaciones Exteriores y ascensos militares y los demás senadores, diputados, ministros, fiscales, jueces, embajadores...

El patriarca de los Saadi, don Vicente, era un negociador duro que sobrevivió hasta a las censuras del mismo Perón que, harto y encolerizado, le intervino la provincia cuando gobernaba. Sus pactos eran famosos y los que celebró con Carlos Saúl Menem, al otorgarle apoyo en la interna partidista, fueron arduos y nada secretos.

A raíz de las derivaciones del crimen de María Soledad Morales, se decretó la intervención de la provincia. En las elecciones de diciembre de ese año triunfó el Frente Cívico y Social, liderado por la Unión Cívica Radical, que también se impuso en los sucesivos comicios hasta el presente con Arnoldo Castillo (1991- 1995), Oscar Castillo (1999) y Eduardo Brizuela del Moral (2003).

La caída del régimen

El jueves 28 de abril de 1991, el Presidente Carlos Menem anunció la intervención federal de la provincia. El gobierno buscaba en ese momento ponerse al frente de las denuncias por corrupción y narcotráfico que se estaban extendiendo e involucrando a funcionarios nacionales y provinciales e incluso, a familiares del propio presidente.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidiría la suerte del “gordo” Ángel Luque (mano derecha de Vicente Saadi y padre de Guillermo Luque, principal sospechoso del crimen).

El lunes 8 de abril el diario Clarín había publicado declaraciones de este diputado, en donde aseguraba “tener el poder necesario para hacer desaparecer un cadáver sin dejar huellas”. También declaró que el magistrado Luis Ventimiglia (juez de Instrucción en ese momento) fue sobornado para incriminar a su hijo Guillermo.
Por estos dichos el diputado Luque fue expulsado del Congreso de la Nación: el pacto Menem-Saadi tambaleaba tras bambalinas.

Juicio al juicio

María Soledad I
Durante la sustanciación del juicio se produjeron infinidad de complicaciones e irregularidades, (los “aprietes” del poder), muchas las declaraciones y muchas las contradicciones. La enfermera Marta Tello, ex jefa de la clínica Pasteur de propiedad de José y Silvia Jalil (familia del intendente cuyo hijo estaba involucrado), expresó que: “en el hospital se decía que la chica había estado en tomografía (…) que se había visto llegar esa madrugada una camioneta Traffic blanca y que bajaron un bulto”.
El 20 de marzo de 1996, la testigo Evangelina Sosa desmintió lo que antes había afirmado, lo cuál había comprometido a Luque, expresando que había sido presionada por los Morales.

Por las contradicciones que tuvo en su retractación y en varios careos, Sosa estuvo a punto de ser detenida por falso testimonio.

Luis Segura, abogado de los Morales, pidió el alejamiento del caso de los jueces Juan Carlos Sampayo y María Alejandra Azar, dos integrantes del Tribunal, por presunta parcialidad en el proceso, además de un incidente escandaloso cuando interrogaban a Sosa: una seña en forma de negación que realizó el vocal Juan Carlos Sampayo a la vocal Maria Azar, gesto captado por las cámaras de TN, a partir de lo cuál las transmisiones fueron suspendidas por el presidente del Tribunal Ortiz Iramain.

La Corte de Justicia Provincial no aceptó la recusación, sin embargo la televisión había desnudado la complicidad ante millones de personas, la justicia estaba ciega.
Ante esto, el juez Ortiz Iramain renunció. Los otros dos integrantes, la jueza Maria Alejandra Azar y el juez Juan Carlos Sampayo, renunciaron posteriormente.
Se debía designar un nuevo Tribunal, comenzando todo a fojas cero.

Maria Soledad II
El nuevo Tribunal estuvo conformado por los jueces Santiago Olmedo, Jorge Álvarez Morales y Rubén Edgardo Álvarez. La Justicia demoró más de siete años en investigar y castigar, y solo a algunos de los responsables, debido al encubrimiento político y policial que tuvo el crimen.

Así fue como el 27 de febrero de 1998, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por ”violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes” y a Luis Tula, a 9 años como partícipe secundario.

El fallo fue dictado por la Cámara Penal II de Catamarca. Necesitaron 87 días de audiencias, por las que pasaron 372 testigos a lo largo de seis meses. La extensa resolución de los camaristas - 442 carillas - no se limitó a condenar a Luque y Tula. Los jueces también hicieron hincapié en las graves irregularidades que, según determinaron, se habían producido desde el comienzo mismo del caso.

Por eso ordenaron que se abriera una serie de nuevas investigaciones: por la coautoría del crimen, por su encubrimiento, por falsos testimonios vertidos durante el juicio, asociación ilícita y por amenazas contra los padres de María Soledad, entre otras.

El llamado “Caso Morales III”.
La principal investigación, dirigida a determinar quiénes participaron del crimen junto a Luque y Tula, no tuvo éxito. Hugo ”el Hueso” Ibáñez y Eduardo ”el Loco” Méndez, dos íntimos amigos de Luque, habían sido señalados por la Cámara como los sospechosos fundamentales. Pero fueron sobreseídos en un breve trámite. La mamá de María Soledad expresó: ”Los fiscales nada hacen para investigar. Si la Justicia no se mueve, prescribirán todas las causas relacionadas con el encubrimiento”.

Patti no te quiero

El 8 de enero de 1991 el presidente Menen envía una comisión de la Policía Bonaerense comandada por el comisario Luis Patti para “esclarecer” el caso.

Al poco de investigar, Patti elabora una tesis: apartaba de la causa a Luque y reducía a una cuestión de amoríos el homicidio (Ruth Zalazar, mujer de Tula, en un ataque de celos habría matado a Maria Soledad). El 23 de febrero de 1991, el uniformado aseguró tajante: “Guillermo Luque ya fue condenado por la sociedad catamarqueña. Aunque se demuestre que es inocente, para la gente seguirá siendo el culpable”.

Las diferencias del comisario con el juez Ventimiglia, fueron notorias, este pidióóa la subsecretaría de Justicia de la Nación el retiro de la “brigada bonaerense” por inoperante, estaba confirmado oficialmente que María Soledad había muerto por sobredosis de cocaína y Patti andaba por otros carriles, estaban enfrentados porque defendían distintas hipótesis de trabajo y además por la insistencia de Patti en “apretar” a testigos, métodos non sanctos que Ventimiglia no compartía. El “ex torturador” se fue el 2 de marzo de 1991, se llevaba a cuestas la sospecha de haber sido enviado para encubrir a Luque, y una nueva causa por aplicación de tormentos.
Finalmente, el juez Ventimiglia también debió abandonar la causa, acusado por Elías Morales de recibir coimas para desviar la investigación.

Maria Soledad III (la justicia que no fue)
La reciente reforma del Código Penal, que cambia los plazos de prescripción de las causas, hizo que se caiga el llamado “Caso Morales III”, en el que debía desentrañar el encubrimiento político, policial y judicial que existió en el crimen, además de profundizar sobre los falsos testimonios. “Esto es una verdadera injusticia - se quejó Ada Morales -. No permite hacer nada, mientras todos los policías y encubridores caminan por la calle como si nada. Los culpables del crimen no van a tener castigo”.
Martha Pelloni lo había anticipado: “Se tomó la decisión que el crimen quede impune”.

La Ramoneada

El ex juez de Instrucción José Labid Morcos, primero en tener el caso, relató a la Justicia que ”a los dos meses de comenzada la investigación, me sentí acorralado a raíz de las marchas de silencio y del asedio periodístico. No le veía la punta al ovillo”. Y comentó, ”el 5 de noviembre de 1990 mi amigo Miguel Dahbar (tercer jefe de la Policía provincial en ese momento) me dijo que Ramón (Saadi) me esperaba a una reunión para conversar. (...) A las 20.15 me recibió el gobernador. Me preguntó como iba la causa. ’Van a rodar cabezas si no haces nada. Primero la mía y después la tuya’, me dijo. Yo le dije que hasta entonces no tenía elementos y él se enojó: ’Me pega todo el mundo’, reprochó. Y me exigió que le imputáramos el hecho a Tula y que yo no podía decirle que no”.
”Mañana todo el país tiene que saber que ya tiene un imputado. Usted me llama a una conferencia de prensa y les dice eso”, habría dicho el gobernador Saadi. Morcos agregó que ”me obnubilé creo que le dije que íbamos a revisar la causa y me fui a la casa de mi padre. Me puse a llorar en su hombro, porque nunca me había pasado una cosa así. Sentí miedo. Yo tengo familia e hijos”.

 


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